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Sábado, Diciembre 16, 2017
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¿Qué derechos tengo como ciudadano? Derechos ARCO

El titular de los datos que se tratan tiene derecho gratuitamente al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos (derechos ARCO).

  • El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. La solicitud de acceso se resolverá en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
  • El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. La solicitud de rectificación se resolverá en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud.
  • El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal para una finalidad específica.
  • El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a la ley. La solicitud de cancelación se resolverá en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud.


Estos derechos no son absolutos. El responsable del fichero o tratamiento podrá denegarlos cuando concurra causa legal para ello, como por ejemplo, cuando se haya ejercitado el derecho de acceso en los últimos doce meses y no se alegue interés legítimo o cuando exista un deber legal de conservación en el caso de cancelación. Del mismo modo la existencia de una relación jurídica que legitime para el tratamiento podría facultar para denegar una cancelación cuando la conservación del dato resulte necesaria para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de denegación, el responsable del fichero informará al afectado de su derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas.

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